La red de Resistencia Española bajo sospecha

Cuando en 1943 el Procurador de la República firma su Réquisitoire Définitif contra 128 españoles y algunos franceses, no está describiendo un caso aislado, sino el resultado de una investigación que ha ido creciendo como una mancha de tinta: desde unos periódicos clandestinos hallados en París hasta un organigrama que abarca barrios obreros del Sena, bases submarinas del Atlántico y campos de trabajo forzado en el Loira. El documento fija con precisión lo que la policía y la fiscalía creen haber descubierto: una red española que, a sus ojos, encarna el peligro comunista en la Francia ocupada.

Tribunal Especial y legislación anticomunista

El caso se inscribe en la maquinaria legal creada antes y durante la guerra, primero por la República francesa y después por el Estado francés, para perseguir al comunismo. Los informes de los Renseignements Généraux y de la Policía Judicial citan una y otra vez el decreto‑ley del 28 de septiembre de 1939, que disuelve las organizaciones comunistas, y su modificación por la ley del 31 de diciembre de 1941. Sobre esa base se construye la acusación de “infracción al decreto‑ley” y de “propaganda comunista”.

El Procès‑verbal redactado en París en 1942, en la “Direction des Renseignements Généraux et des Jeux”, menciona expresamente a Miret‑Musté y otros como “inculpados de infracción al decreto‑ley del 28 Septiembre 1939, artículos 1 y 3, modificado por la ley del 31 Diciembre 1941”. Es el lenguaje típico de las Secciones Especiales: jurisdicciones de excepción que, bajo la apariencia de tribunales ordinarios, aplican una legislación de guerra a la actividad política.

Todo había empezado con un aparentemente inocuo decreto interministerial del 7 febrero 1937 sobre extranjeros al que se le fueron dando vueltas de tuerca, hasta que lograron revisar sistemáticamente la identidad y los antecedentes de los españoles, porque se les considera un medio potencial de sabotaje. La guerra mundial, el miedo al sabotaje en fábricas, puertos y líneas férreas, y la obsesión anticomunista se funden en un mismo reflejo: cualquier forma de resistencia, o incluso de solidaridad organizada, tiende a ser leída como comunismo.

París: el centro de una “organización comunista” perfectamente estructurada

El expediente parisino es el eje del caso. En la capital, los Renseignements Généraux y la Sûreté construyen un relato en el que la red española aparece como una “organización comunista” perfectamente estructurada. El fiscal agrupa a los acusados por niveles de responsabilidad, de mayor a menor peligrosidad.

En la cúspide sitúa a los diez primeros números de la lista, con Josep Miret‑Musté como figura central y Francesc Perramon (identificado en el requisitoire como “Antonio Perramon”, pero corregible hoy) como responsable de organización. A su alrededor, otros cuadros como Léon Carrero‑Mestres o Julio Marbà Planas aparecen asociados a la toma de decisiones estratégicas. El fiscal insiste en que no actúan por patriotismo, sino como engranajes de la Tercera Internacional, a través del PCE y la Unión Nacional Española (UNE), que él define como una simple “sucursal” del Komintern camuflada bajo el discurso de la “unidad nacional” contra el fascismo.

Por debajo de ese núcleo dirigente, el requisitoire describe un entramado de células de barrio en Saint‑Denis, Levallois, el distrito 20 y otros suburbios del Sena. En esas páginas aparecen perfiles como el de Delgado Aurélio, reclutado por Perramon y encargado de distribuir propaganda en su entorno laboral; López José, señalado como elemento activo en Saint‑Denis; o Fernández Sánchez Doroteo, veterano que, según el fiscal, utiliza su prestigio para mediar en conflictos internos de la red.

La acusación subraya tres elementos:

• La propaganda (periódicos como Reconquista de España, Mundo Obrero, hojas “¡Españoles!”).

• La logística clandestina (refugios, casas seguras, enlaces).

• La falsificación de documentos (carnés, certificados de trabajo, identidades completas).

En París, nombres como Patricio Lacasa St Domingo o Pedro Cerrada Puente quedan asociados a la “red de falsificadores”, mientras que otros, como Victor Viladrich Vila, médico, aparecen vinculados a la asistencia sanitaria discreta a militantes clandestinos para evitar su paso por hospitales oficiales.

El fiscal no afirma que todos sean comunistas disciplinados; lo que hace es encajar cualquier forma de ayuda, refugio o silencio en el marco de una “asociación prohibida”. La duda sobre la verdadera implicación de algunos queda flotando, pero siempre resuelta a favor de la sospecha.

Los papeles de París apuntan a Nantes

Los documentos muestran que, a partir de la prensa clandestina incautada en París, la mirada policial se desplaza hacia el Oeste. En un informe fechado en julio de 1942, el comisario Jean Lafouge, de la Dirección General de la Policía Nacional, se dirige al Procurador de la República en París para exponer lo que llama el “aparato ilegal comunista” entre los españoles de Nantes, Saint‑Nazaire, Lorient y la región.

En paralelo, otro comisario, Marcel Lieutaud, de la 13ª Brigada de Policía Judicial, rinde cuenta a su superior en Rennes de la “actividad comunista de los refugiados españoles de la región nantesa”. Ese informe detalla que, siguiendo instrucciones telefónicas, se han realizado registros simultáneos en Nantes, Rennes, Le Mans, Saint‑Nazaire y Lorient. En una de ellas, en la avenida Brunelière de Nantes, se incauta un verdadero inventario de la clandestinidad: números recientes de Reconquista de España y Trabajo, un ejemplar reducido de L’Humanité, un folleto titulado “URSS dans la guerre”, un opúsculo “Renseignement et liaison”, hojas de “Carnet del Partit”, un número de Mundo Obrero y recibos de paquetes expedidos desde París.

Lo que en París era ya un indicio —la presencia de prensa clandestina española— se convierte, en los informes del Oeste, en prueba de una red organizada. Los comisarios no hablan de intuiciones, sino de “organización comunista española” con células, responsables, finanzas y biografías detalladas de sus miembros.

Células, biografías y cuotas: la arquitectura de Nantes y Saint‑Nazaire

Las declaraciones recogidas en Nantes permiten a la policía dibujar un organigrama minucioso de la región de Nantes y su entorno. En los informes se atribuye a Celso Díaz un papel central: se le presenta como miembro del Partido Comunista Español desde 1937 y como responsable de la propaganda en Nantes y Saint‑Nazaire. En su casa se encuentran carnés con listas de miembros, números de células, anotaciones sobre simpatizantes y, según el propio texto, biografías completas de los militantes, con datos civiles, políticos y militares.

Los comisarios llegan a afirmar que, de unos 920 españoles en la zona, 64 serían militantes activos, seis simpatizantes y cinco miembros de las juventudes comunistas. La cifra de “74% de los españoles implicados en la acción clandestina” aparece en uno de los textos como conclusión de la policía, más reveladora de su percepción que de una realidad comprobable.

Los informes también detallan una estructura financiera: una cotización semanal de cinco francos por militante, recaudada por responsables locales y centralizada en manos de Díaz, que a su vez la remitiría a un tal “Robert”, figura que aparece como enlace superior. La fiscalía ve en este sistema de cuotas una prueba de “cuotas de guerra” y de la existencia de una organización paraestatal.

En otro documento del Ministerio del Interior, se enumeran las “células de cabeza” de la región: en Saint‑Nazaire, con Vicente Lazo como secretario general, Juan Martín‑Núñez en organización y finanzas y José Turón Jiménez en agitación y propaganda; en el Campo Franco de Montoir-de-Bretagne, con Antonio Pérez‑Revilla, Enrique Raso y José Maza; en la zona de Nantes, con Manuel Caballero, Rufino Vilma‑Vargas y Blasquez; en La Baule y Pornichet, con Francisco Camparos‑Fernández, Thomas Urbiztondo, Vicente Barrachina y Manuel Acuña López. El documento identifica a 79 militantes en el Oeste.

El enigma de las siglas y los hermanos Gómez Castaño

En medio de ese organigrama aparece un detalle que desconcierta a los investigadores y al fiscal: las siglas “GE” asociadas a algunos nombres, entre ellos los hermanos Gómez Castaño, presentes en los listados internos de la organización para la región de Saint‑Nazaire. En un informe del Ministerio del Interior se menciona expresamente al “Chef de la cellule G.E., Alfredo Gómez‑Olliero”, dado por “recherché par les polices régionales”. En otros documentos, el apellido Gómez aparece ligado a números de célula y a la zona de Saint‑Nazaire.

Lo significativo no es tanto el significado real de esas siglas —que aunque el expediente no aclara se sabrán más adelante— como el hecho de que la policía y el fiscal no consiguen descifrarlas con certeza. GE podría ser “Groupe Espagnol”, “Groupe d’Exécution”, “Groupe d’Enlace” o cualquier otra cosa; el requisitoire no lo fija. Lo que sí hace es incorporar esa marca a la sospecha general: los nombres que la llevan quedan integrados en la categoría de “elementos peligrosos” o “responsables de célula”, aunque falten pruebas directas de actos concretos.

Es un buen ejemplo de cómo funciona la lógica del caso: un indicio gráfico, una sigla, una anotación contable se convierten en pieza de una acusación más amplia, en la que la pertenencia a una red vale tanto como la acción demostrada.

El inventario de la “criminalidad”

En las últimas páginas, el Procurador hace un inventario de los objetos incautados que, a su juicio, prueban la existencia de un complot organizado. Habla de:

• Miles de ejemplares de Reconquista de España, Mundo Obrero y otros folletos;

• Planos de instalaciones industriales y notas sobre el Servicio de Trabajo Obligatorio (STO);

• Listas de “cuotas de guerra”;

• Sellos oficiales de prefecturas francesas y de la administración de ocupación alemana, utilizados para “blanquear” situaciones irregulares;

• Máquinas de escribir y mimeógrafos capaces de producir prensa clandestina en pocas horas.

A partir de ese inventario, clasifica los delitos en tres grandes bloques:

1. Infracción al decreto‑ley del 26 de septiembre de 1939: por participación en el mantenimiento o reconstrucción de una organización disuelta (el Partido Comunista).

2. Uso de documentos falsos: para quienes portaban identidades robadas o fabricadas.

3. Atentado contra la seguridad exterior del Estado: el cargo más grave, que vincula la actividad de la red española con los intereses de la Unión Soviética y permite aplicar un marco de “leyes de guerra”.

En paralelo, el requisitoire distingue varios destinos procesales posibles: envío a jurisdicción correccional por infracción a los decretos de disolución; puesta a disposición de las autoridades alemanas para los casos que se consideren ligados a sabotaje o armas; internamiento administrativo en campos franceses para los “indeseables” sin pruebas de sangre; y un pequeño número de “non‑lieu” para personas —a menudo esposas o caseros— que logran convencer de su desconocimiento.

El documento no dice qué ocurrió después con cada uno. Se detiene en el momento en que el fiscal pide al juez de instrucción que dicte el auto de procesamiento.

Una red, muchas historias, y una sospecha que lo cubre todo

Leído hoy, el expediente no demuestra que los 128 nombres formaran un ejército clandestino homogéneo. Lo que sí muestra es cómo, en la Francia ocupada, cualquier forma de organización, solidaridad o resistencia española tendía a ser absorbida bajo el paraguas del “peligro comunista”.

Hay militantes que se reconocen como tales, otros que aparecen sobre todo como enlaces, caseros, mediadores, médicos, falsificadores, obreros que aceptan guardar papeles o alojar compatriotas. La fiscalía, sin embargo, los ordena por “peligrosidad social” y los integra en una misma narrativa: la de una “nación dentro de la nación”, con sus propias cuotas, sanidad, burocracia y prensa.

París y el Oeste no son dos historias separadas, sino dos caras de la misma investigación: en la capital, el foco en los cuadros políticos; en Nantes, Saint‑Nazaire y Montoir, la atención puesta en las canteras, los campamentos, la base submarina y los talleres donde trabajan los españoles. Los informes no siempre entienden lo que ven —como en el caso de las siglas GE—, pero lo traducen todo al mismo idioma: el de la legislación anticomunista de 1939‑1941 y el de un Tribunal Especial que, en plena guerra, convierte la sospecha en categoría jurídica.

El resultado es un documento denso, a veces contradictorio, que deja al lector contemporáneo un margen de duda: no obliga a creer que todos eran comunistas, pero tampoco consigue borrar la dimensión política de quienes sí lo eran. Entre las líneas del requisitoire, más allá de la retórica de la “seguridad del Estado”, se adivina otra historia: la de un exilio que, en medio de la ocupación alemana, siguió buscando formas de resistir, de organizarse y de no desaparecer.