Marzo de 1939: El debate francés sobre los refugiados españoles
Mientras los caminos del Pirineo seguían marcados por el paso de miles de españoles, la Asamblea Nacional francesa debatía en el Palais-Bourbon la magnitud política y humana de aquel éxodo.
ACTUALIDADHISTORIA
Ginés García Gómez
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En los días 10 y 11 de marzo de 1939, la Asamblea Nacional francesa debatía en el Palais-Bourbon la magnitud política y humana de aquel éxodo. Las crónicas de La Dépêche, uno de los diarios que mejor captó el pulso de la crisis, retratan unas sesiones donde la tragedia de los refugiados se convirtió en un campo de batalla ideológico y en un espejo de las fracturas internas de Francia.
La Dépêche —cuyo nombre completo era La Dépêche de Toulouse— era uno de los grandes periódicos del sur de Francia. Su línea editorial se situaba históricamente en el republicanismo laico, heredero del anticlericalismo moderado de la Tercera República. No era un periódico de izquierda revolucionaria, ni socialista, ni comunista. Tampoco era conservador ni católico. Su espacio natural era el centro-izquierda republicano, próximo al Parti Radical. Para escribir este artículo me he servido de los artículos publicados por este periódico.
El Gobierno de Édouard Daladier, sostenido por una mayoría frágil inclinada hacia el centro y la derecha, aceptó que la Cámara abordara la cuestión mediante interpelaciones. Desde el inicio, el Ejecutivo insistió en que la llegada de más de 400.000 españoles debía tratarse como un problema político interno francés, no como una polémica partidista. Francia ofrecía asilo, pero no estaba dispuesta a permitir que su territorio se convirtiera en prolongación de la guerra civil española. La prensa recogía la preocupación del Gobierno ante las maniobras de ciertos grupos franceses —y algunas personalidades españolas recién llegadas— que intentaban aprovechar la situación para reactivar lo que Daladier consideraba viejas luchas ideológicas.
En varios artículos, el periódico hablaba de actos de propaganda, recepciones con flores y fanfarrias para refugiados de una tendencia concreta, y ataques públicos contra prefectos que simplemente cumplían con su deber. El Gobierno cortó en seco estos actos con una advertencia tajante: si los refugiados perturbaban la paz del país que les salvaba la vida, serían enviados a buscar refugio donde se les aceptara.
En la Cámara, las posiciones se alinearon con una claridad casi dolorosa. Desde la derecha conservadora, Jean Ybarnegaray —diputado de los Basses-Pyrénées, miembro de la Fédération Républicaine y uno de los portavoces más influyentes del catolicismo nacionalista— describió la llegada masiva de exiliados como un poids écrasant, una carga insoportable para un país con desempleo, tensiones sociales y recursos limitados. En su discurso, los refugiados aparecían como un riesgo para el orden interior y una amenaza para la seguridad nacional. Ybarnegaray exigía vigilancia estricta, internamiento controlado y disciplina en los campos improvisados del Rosellón. Su intervención condensaba el malestar de los sectores conservadores, que reclamaban una rápida salida del territorio francés para los miles de hombres y mujeres hacinados en las playas.
Frente a esa visión restrictiva, las bancadas de izquierda intentaron sostener el pulso apelando a la tradición humanitaria de la República. Édouard Herriot —líder radical-socialista, antiguo presidente del Consejo y figura moral del republicanismo francés— defendió la obligación de Francia de acoger a quienes huían de la violencia franquista. Denunció las condiciones deplorables de los campos de Argelès, Saint-Cyprien y Barcarès, donde faltaban agua, alimentos y atención médica. Su intervención, cargada de humanidad, recordaba que la mayoría de los refugiados eran civiles exhaustos, mujeres y niños que habían sobrevivido a bombardeos y persecuciones.
El debate alcanzó su punto más tenso cuando intervino André Marty, diputado comunista y uno de los dirigentes más combativos del PCF. Marty acusó a ciertos prefectos de trato humillante hacia los refugiados y denunció la falta de empatía institucional. Sus palabras desataron protestas furiosas en la derecha, que lo acusó de propaganda roja. El presidente de la Cámara tuvo que intervenir para restablecer el orden. La escena, recogida por la prensa, mostraba hasta qué punto la cuestión de los refugiados se había convertido en un campo minado donde cada palabra podía incendiar la sesión.
Mientras la Cámara discutía, el Gobierno de Daladier se encontraba atrapado entre dos fuegos. Tras la ruptura del Frente Popular y la política de no intervención, el Ejecutivo dependía de una mayoría que exigía normalizar relaciones con el bando franquista y frenar la presencia de refugiados. La izquierda reclamaba humanidad y coherencia con los valores republicanos. Daladier, debilitado y presionado por los mandos militares, optó por una gestión estrictamente policial y burocrática del exilio: campos improvisados, filtrajes apresurados, compañías de trabajadores y un esfuerzo económico que Francia consideraba insostenible.
La dimensión internacional añadía otra capa de impotencia. Francia había solicitado ayuda a otros países democráticos. Las respuestas fueron reveladoras: Rusia ofreció cinco millones, apenas un día de gastos; los Estados del Sur se excusaron alegando que no podían acoger más que unos pocos centenares; Gran Bretaña anunció créditos para la Cruz Roja y luego guardó silencio. La prensa francesa lo resumió con amarga lucidez: generosidad verbal, egoísmo real. La única solución viable debía ser internacional, pero nadie presionaba al Gobierno de Burgos para aceptar el retorno de los refugiados.
En los Pirineos Orientales, los diputados Delcos y Roux —ambos radical-socialistas, representantes de un departamento desbordado— reclamaban soluciones urgentes. La población local estaba agotada y tenía derecho a vivir en paz y seguridad. Algunos refugiados habían cometido excesos, agotando la paciencia de quienes los habían acogido, según decían estos diputados, con generosidad. La prensa advertía que el exilio se hacía insoportable a medida que pasaban los días.
LA DÉPÊCHE – PERIÓDICO DE LA DEMOCRACIA
Sábado, 11 de marzo de 1939
UN DEBATE AGITADO EN LA CÁMARA – La situación de los refugiados españoles
Los interpeladores de extrema izquierda y de extrema derecha se han comportado más bien como portavoces de las preocupaciones polémicas y del egoísmo de sus respectivos partidos, sin abordar el aspecto humano, técnico e internacional del problema que se impone al Gobierno.
La Cámara, mediante el procedimiento de las interpelaciones, ha sido incitada —con la plena aprobación del Gobierno— a ocuparse del problema de los refugiados españoles, cuyo examen comenzó hoy mismo.
Sin duda, se trata de un problema político en el sentido más estricto, pero conviene entender bien lo que significa aquí “problema político”: no debe confundirse con un asunto de polémica partidista.
Un problema político es un problema interno francés, de interés nacional. Y bajo ese ángulo —únicamente bajo ese ángulo— debe considerarse la solución de la cuestión de los refugiados.
Este asunto afecta al orden interior de Francia. Y ya desde ayer y hoy, el Gobierno se ha preocupado por ello, invitando firmemente a ciertas personalidades políticas españolas a que no trasladen aquí, entre nosotros, su campo de actividad. Desde la llegada de estas inmensas masas de refugiados, ha habido tentativas evidentes de partidos políticos que han querido aprovechar la ocasión creada por esta agitación. No se han olvidado las diatribas de ciertos ciudadanos, entre ellos el comunista Marty, contra prefectos que no hacían sino cumplir con su deber, llegando incluso a exigir su destitución.
Ha habido también otras tentativas, insidiosas o declaradas, de ciertos grupos que han tratado de servirse de esta situación como instrumento de propaganda para sus propios objetivos. Se pretendía recibir a tal o cual refugiado de una tendencia particular con flores, vinos de honor e incluso fanfarrias, bajo el pretexto de que pertenecían a la misma obediencia de extrema izquierda que quienes los acogían. Naturalmente, esos refugiados no pedían nada más que dejarse hacer y reanudar su propaganda habitual.
El Gobierno puso fin a ello y dijo: “Queréis acoger, os cuesta mucho. Pero si cometéis la falta de perturbar la paz y el orden del hogar francés que os salva la vida, iréis a buscar refugio donde se os conceda.” Preocupación legítima, sin duda. Hemos conocido tiempos en los que ciertas personalidades participaban, en Francia, en París, en reuniones de protesta contra la política de no intervención del Gobierno Blum. No queremos ver renacer, agravada, esa agitación.
La cuestión de los refugiados se plantea igualmente en el plano financiero. Francia es el país de asilo, Francia es quien paga. No hay que disimular que es una carga muy pesada. También nosotros tenemos desempleados; nuestra juventud inquieta no siempre encuentra trabajo. No somos una nación rica. Nuestras cargas son abrumadoras. No podemos soportarlo todo, y no debemos cerrar nuestro puerto a quienes están afligidos y miserables, pero tampoco podemos sobreponernos indefinidamente ante tanta miseria.
Hay que reconocer que nuestro esfuerzo generoso y humano no podría prolongarse sin límite, y el problema es vasto.
Hay más de cuatrocientos mil exiliados, y la única solución equitativa y posible debe buscarse y encontrarse en el plano internacional.
Nuestros lectores lo saben: nuestro Gobierno ha consultado a los gobiernos extranjeros. Rusia respondió anunciando el envío de una ayuda de cinco millones, es decir, el equivalente a un día de gastos de alojamiento y avituallamiento. Los Estados del Sur se han excusado más o menos, pretextando que no podían recibir más que algunos centenares de españoles como máximo.
En Gran Bretaña, se han previsto créditos que serían puestos a disposición de la Cruz Roja. Después, silencio. Qué ironía, verdaderamente, cuando en tantos países se veían tantas almas caritativas preocupadas por el destino de los desdichados vencidos, cuando Ginebra ha escuchado discursos tan elocuentes. Qué generosidad verbal, qué egoísmo real.
Y decimos con cierta tristeza: no estamos seguros de que se actúe con la energía vigorosa necesaria en los países democráticos para presionar al Gobierno de Burgos a fin de permitir que estos 450.000 exiliados —tras un filtraje que no es imposible realizar— puedan, según acuerdos concretos y excluyendo a los verdaderos indeseables, encontrar en su patria definitiva el refugio al que tienen derecho y, en el fondo, el único refugio al que aspiran.
Porque el exilio se vuelve insoportable a medida que pasan los días.
Tales son los aspectos que parece considerar el Parlamento.
Pero ¿son realmente estos los aspectos que considera el Parlamento? Ciertamente, comprendemos perfectamente las preocupaciones muy legítimas que incitan a los representantes del departamento de los Pirineos Orientales, MM. Delcos y Roux, a plantear al Gobierno preguntas urgentes. La población de estas regiones tiene derecho a reclamar la posibilidad de trabajar en paz y en seguridad. Algunos refugiados se han comportado mal; han agotado la paciencia de gentes que, sin embargo, los habían acogido con generosidad. No defendemos en su favor circunstancias atenuantes.
